El momento crucial de la oposición (III parte)

EL DIÁLOGO, RAZONES Y TEMORES

1. Reunión preliminar. 2. ¿Qué es el diálogo democrático? 3. Diferencias entre diálogo y negociación. 4. Temas de la agenda. 5. Razones y temores. 



1. Reunión preliminar

Ayer domingo, 30 de octubre de 2016, se realizó la reunión exploratoria para un posible diálogo nacional en el que se dirima el conflicto entre un régimen que viola la Constitución y una oposición que exige su acatamiento.

En vista de las múltiples diferencias de todo género entre el oficialismo y la oposición que han hundido al país en una crisis política sin precedentes, además de las gravísimas consecuencias en lo económico y lo social, la Santa Sede ha decidido intervenir como mediadora, con la esperanza y el propósito de que las partes acuerden una solución pacífica, constitucional y democrática al problema.

2. ¿Qué es el diálogo democrático?

«Es aquel que respeta y fortalece la institucionalidad democrática y busca transformar las relaciones conflictivas para evitar las crisis y la violencia y contribuir, por tanto, a la gobernabilidad democrática. Un diálogo democrático es siempre un proceso de cooperación y trabajo conjuntos, y puede incluir una o más reuniones de los actores del diálogo.
Es un proceso de genuina interacción mediante el cual los seres humanos se escuchan unos a otros con tal profundidad y respeto que cambian mediante lo que aprenden. Cada uno de los participantes en un diálogo se esfuerza para incorporar las preocupaciones de los otros a su propia perspectiva, aun cuando persista el desacuerdo. Ninguno de los participantes renuncia a su identidad, pero cada uno reconocer la validez de las reivindicaciones humanas de los demás y en consecuencia actúa en forma diferente hacia los otros.» (1)

3. Diferencias entre diálogo y negociación

     [Fuente: Guía Práctica de Diálogo Político (1)]

Si nos guiamos por este cuadro comparativo y por los temas que presentaron las partes en la reunión preliminar, tenemos que reconocer que diálogo es el término adecuado, pero que no supone ningún problema si algunos actores políticos emplean la palabra negociación como sinónimo, porque después de todo es lo que se persigue –negociar las condiciones de una salida del régimen actual en forma no traumática–. Así, pues, de este diálogo se espera como resultado un acuerdo concreto que satisfaga nuestros ideales de democracia y libertad, vinculados a derechos fundamentales explícitamente consagrados en la Constitución.

4. Temas de la agenda

Los temas sobre los que versarán las conversaciones quedaron asentados en el documento que tiene por título "Gobierno y Oposición de Venezuela, se reúnen en el marco del diálogo nacional, con la presencia de la Santa Sede", y son los siguientes:

1. Compromiso conjunto para el mantenimiento de la Paz y el entendimiento de los venezolanos.
2. Revisión de la situación de personas privadas de libertad.
3. Caso de los diputados del Estado Amazonas.
4. Cronograma e institucionalidad electoral y respeto a los procesos electorales previstos en la Constitución.
5. Funcionamiento y autonomía de los poderes públicos y respeto de sus respectivas competencias constitucionales.
6. Compromiso conjunto para mejorar las condiciones de abastecimiento de alimentos y medicinas.
7. Explorar alternativas que conlleven la acción conjunta de los órganos del Estado para atender los problemas económicos más urgentes.
8. Formulamos votos para que los problemas de los venezolanos se resuelvan en el marco de la soberanía nacional, agradeciendo altamente el acompañamiento internacional en apoyo a este Diálogo político.

Con el propósito de mantener y preservar un ambiente de paz y de concordia, el Gobierno y la Oposición se comprometieron a disminuir el tono de agresividad del lenguaje utilizado en el debate político.

5. Razones y temores

La desconfianza y el escepticismo predominan en la opinión pública respecto de este diálogo, que lejos de ser una iniciativa voluntaria, ha sido forzada por las circunstancias. La decisión de acudir a esta reunión se ha dado, finalmente, en el marco de una difícil discusión en el seno de la Mesa de la Unidad Democrática. Cada una de las organizaciones políticas que la integran tiene sus razones, todas válidas, para dudar del éxito de este recurso, pues nada garantiza que durante el proceso alguna de las partes no se retire intempestivamente, o que habiendo logrado un acuerdo acerca de los temas discutidos, el Gobierno honre su palabra. 

La oposición va al diálogo a sabiendas del riesgo que supone el fracaso de esta alternativa, cuyo fin último consiste en establecer las condiciones para la transición de la dictadura a la democracia. Lo que se persigue es un cambio de gobierno por las buenas, hacerle entender a Nicolás Maduro que la mayoría del pueblo venezolano no lo quiere más como mandatario; hacer entender al Consejo Nacional Electoral, al Tribunal Supremo de Justicia y a la Fuerza Armada Nacional que su deber es acatar la Constitución; hacer entender al partido de gobierno y a sus coaliciones partidistas que ahora constituyen una minoría.

Los venezolanos tenemos motivos justificados para dudar de la buena fe de los representantes del oficialismo y para temer cualquier artimaña maquiaveliana, pero también tenemos razones, cuando menos dos, para no rechazarlo: 

a) A diferencia de la guerra, que se hace con las armas por la vía de la violencia, la política se hace con las palabras, por medio del consenso. El régimen encarna una "revolución armada" dispuesta a todo para defenderse, frente a una oposición sin armas que exige sus derechos con la Constitución en las manos. 

b) A diferencia del Gobierno, cuya naturaleza es dictatorial, tal cual ha quedado desvelada gracias a las utilísimas contribuciones del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Supremo de Justicia y de la Fuerza Armada Nacional, el talante de la oposición es democrático, como lo ha demostrado en todos los procesos electorales y en las manifestaciones públicas de protesta.

La coherencia entre lo que se predica y lo que se hace es un aspecto esencial en un líder, un partido político o una institución, puesto que genera confianza y credibilidad en los electores en particular y en la sociedad en general. Participar en el diálogo es una forma de demostrar la preferencia por una vía pacífica, en circunstancias especialmente críticas, con el fin de salir del atolladero.  

Para el oficialismo, probablemente sea una situación incómoda e indeseable, considerando que su ecosistema natural está condicionado por la confrontación y la violencia. Por otra parte, entregar el poder por medios pacíficos, electorales y democráticos no ha estado nunca en sus planes como parte del juego político; su lema –"La revolución llegó para quedarse"– niega de plano esa posibilidad. De ahí sus actuaciones al margen de la Constitución y de las leyes, el desconocimiento de la Asamblea Nacional, la renuencia a convocar elecciones regionales, la suspensión del referendo revocatorio, las sentencias espurias de la Sala Constitucional, los despropósitos del Ministro de la Defensa, la irrupción violenta de unos pocos acólitos en el Palacio Federal Legislativo, las amenazas de muchos funcionarios del régimen si se inicia un procedimiento de responsabilidad política contra el Presidente de la república y si la oposición marcha hasta Miraflores. De ahí la persecución a la disidencia, la represión contra las manifestaciones, la existencia de presos políticos y la acumulación de crímenes de lesa humanidad a la par de la acumulación de riquezas mal habidas por las que procuran no ser investigados y enjuiciados.

Es un hecho que en el juego político, oficialismo y oposición se ubican en las antípodas, tanto por los fines que persiguen como por los medios de los que se valen para alcanzarlos. Agotados los recursos que ofrece la Constitución, las opciones, entonces, quedan reducidas a las pautas que se enuncian en el Acuerdo para la Restitución del Orden Constitucional en Venezuela; a una marcha –¿sin retorno?– a Miraflores; y al diálogo.

Dado que el oficialismo detenta de forma absoluta todos los poderes, menos uno –el Legislativo–, que tiene la fuerza de las armas –tanto de los que debiendo ser institucionales se comportan como si no lo fueran, como de los que no lo son, pero se comportan como si lo fueran– y que maneja a su arbitrio el erario de la Nación, se piensa que está en una posición más ventajosa que la oposición. En realidad, es exactamente todo lo contrario. Aunque no lo parezca, la ventaja, desde el punto de vista democrático, favorece a la oposición, porque electoralmente tiene una fuerza numérica superior, representada, además, por la mayoría de diputados en la Asamblea Nacional; y porque todos sus derechos, acciones y fines están enmarcados en la Constitución.

No obstante, de un lado, un numeroso grupo de ciudadanos escépticos expresa efusivamente su contrariedad y considera que la MUD se ha equivocado al aceptar sentarse ante la misma mesa con un adversario que, de manera recurrente, viola los acuerdos, rompe sus promesas y no respeta nada ni a nadie. Del otro, un grupo más pequeño apuesta, no sin desconfianza, por un diálogo con objetivos precisos que conduzcan as soon as possible a la renuncia, al revocatorio o a la destitución del Presidente de la república.

En este trance, conviene adherir la táctica política del mal menor, que sugiere que ante una amenaza concreta, hay que juzgar el peligro y aceptar el mal menor. El diálogo, sin duda, lo es, ante la amenaza de que nuestros derechos sean definitivamente cercenados, en vista del peligro inminente de que la dictadura se consolide y perpetúe. Esta táctica, por cierto, la encontramos reflejada en el parágrafo tercero del preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: «Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión;...»(resaltado adrede).

Quizá, si la fortuna nos acompaña y el Espíritu Santo ilumina las seseras de los representantes de ambas partes, dotándoles de sensatez y comprensión, podamos evitar caer en los extremos del «supremo recurso».

Por último, me permito hacer algunas observaciones y precisiones acerca de la efectiva concreción de de los puntos establecidos en el "Acuerdo para la Restitución del Orden Constitucional en Venezuela".

Los puntos Primero y Sexto, a los que se dio inicio el 23 y 25 de octubre de 2016, respectivamente, con el auxilio de la comisión especial mencionada en el punto Séptimo, sólo pueden satisfacerse mediante la aplicación del artículo 222 constitucional, que se debe concretar mañana 1 de noviembre, según el Orden del Día aprobado por mayoría de la Asamblea Nacional. Esto es, la comparecencia del Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, ante el Parlamento, para escuchar y defenderse de los varios hechos que configuran la ruptura del orden establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por la que podría declararse su responsabilidad política.

Los puntos Cuarto, Quinto y Octavo son de los más importantes, y es muy probable que únicamente en el caso de que el diálogo prospere y culmine en un acuerdo, puedan ser ejecutados. De lo contrario, ¿cómo podrían la Asamblea Nacional o los ciudadanos, una vez designados los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral y sus suplentes, así como los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, lograr que estos funcionarios asuman sus cargos y ocupen sus respectivos despachos? ¿Cómo conseguirían que los reemplazados entreguen sus credenciales y desalojen las oficinas?

El punto Segundo, en cambio, cuyo mecanismo, actualmente en proceso de evaluación, es la Carta Democrática Interamericana, sólo se aplicaría en el caso de que el diálogo fracasara. Tendría como consecuencia la suspensión de Venezuela dentro de la Organización de Estados Americanos, lo que nos excluiría del Sistema Interamericano de Derechos Humanos más de lo que ya estamos, desde el 10 de septiembre de 2013, cuando entró en vigor la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos efectuada por el Estado venezolano el año anterior.

El punto Tercero es, en mi opinión y en la de muchos expertos, improcedente, por cuanto la Corte Penal Internacional sólo es competente para conocer de los delitos previstos en el artículo 5 del Estatuto de Roma, a saber: a) el crimen de genocidio; b) los crímenes de lesa humanidad; c) los crímenes de guerra; y, d) el crimen de agresión.

El punto Noveno, independientemente del resultado del diálogo y en curso simultáneo con éste, implica, en rigor, una actividad supremamente honrosa, la de cumplir con el deber cívico de restablecer la vigencia de la Constitución si ésta «dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella». Aquí se inscribe, por ejemplo, la marcha convocada para el próximo 3 de noviembre cuyo destino, hasta el momento en que redacto este artículo, es el Palacio de Miraflores.

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(1) Cuentas, Mirna Ángela y Linares Méndez, Anaí (Comp.). Guía Práctica de Diálogo Democrático. PNUD, OEA, CRIES, IDEA, s/c, 2012, p. 8. 
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Liliana Fasciani M.

Profesora de Filosofía del Derecho y de Teoría Política en la Universidad Católica Andrés Bello.

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