La máquina de coser del régimen



Así de fácil, como si hubiese sido una tontería, algo irrelevante, nada del otro mundo, una carta mal escrita con algunos errores ortográficos. La solución ha sido "exhortar" al Tribunal Supremo de Justicia a "revisar las sentencias 155 y 156", o sea, quitar esto de aquí, cambiar aquello allá, simular que se rectifica. 

¡Vamos, ya dejen el escándalo!, aquí no pasó nada, un simple error de cálculo, una novatada del exconvicto-magistrado que provocó una pataleta exagerada de la Fiscal General de la República y una serie de reacciones en cadena de magnitudes sísmicas en la oposición y en la comunidad internacional.

Señores presidentes, envíen de vuelta a sus embajadores. Todo está resuelto. Los miembros del Consejo de Defensa de la Nación (y la revolución) "encausaron" sus mutuas deudas y cobranzas, se realinearon en sus posiciones, hicieron control de daños y envainaron sus puñales para intercambiar abrazos.  Gracias "a los loables esfuerzos del presidente de la República", la revolución, una vez más, ha sido salvada. La dictadura también está a salvo. El dictador esta noche puede dormir como un bebé. Y mañana, flanqueado por sus leales monaguillos –"Unasur, el Papa Francisco, Martín Torrijos, Leonel Fernández y Rodríguez Zapatero"–, levantará el cáliz del diálogo al estilo borgia, ligando tener la suerte de embriagar a sus adversarios. 

Ahora en serio. ¿Así es como se restituye el orden constitucional? ¿Es el Consejo de Defensa de la Nación el nuevo modelo de máquina de coser rasgaduras, botones sueltos y cremalleras inconstitucionales? 

El Consejo de Defensa de la Nación no tiene competencia para ello. La Constitución describe claramente sus funciones:
Artículo 323. El Consejo de Defensa de la Nación es el máximo órgano de consulta para la planificación y asesoramiento del Poder Público en los asuntos relacionados con la defensa integral de la Nación, su soberanía y la integridad de su espacio geográfico. A tales efectos, le corresponde también establecer el concepto estratégico de la Nación. Presidido por el Presidente o Presidenta de la República, lo conforman, además, el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional, el Presidente o Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, el Presidente o Presidenta del Consejo Moral Republicano y los Ministros o Ministras de los sectores de la defensa, la seguridad interior, las relaciones exteriores y la planificación, y otros cuya participación se considere pertinente. La ley orgánica respectiva fijará su organización y atribuciones.

A quien corresponde "dirimir las controversias constitucionales que se susciten entre cualquiera de los órganos del Poder Público" es a la Sala Constitucional (artículo 25.9 CRBV), y el Ministerio Público es un órgano del Poder Ciudadano (artículo 273 CRBV), eso por una parte; por la otra, el más garrafal de los disparates, revisar las sentencias de marras implica modificarlas, pero la Sala Constitucional no puede corregir ni revocar sus propias decisiones.

En conclusión, no se ha resuelto nada, y el panorama está peor que antes de que el Vicepresidente de la República leyera el comunicado, porque ahora se derivan de éste nuevas situaciones:
1) que ni la Sala Constitucional ni el TSJ en pleno pueden remendar ni deshacer dichas sentencias;
2) que los partidos de oposición, la MUD y nosotros, los ciudadanos, no debemos ponernos esa camisa de fuerza mal remendada;
3) que ni la O.E.A., ni los mandatarios que retiraron a sus embajadores, ni los otros que, sin retirarlos, también se pronunciaron deben dar por buena semejante chapuza jurídica como si fuese un zurcido invisible.

Y la Fiscal General de la República, que forma parte del Consejo de Defensa de la Nación, parece que no estuvo presente en ese concilio. ¿Qué dirá la Fiscal?

Texto del comunicado

El Consejo de Defensa de la Nación, debidamente convocado y presidido el día de hoy por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en su condición de jefe de Estado, conforme al mandato y las atribuciones que le confiere el artículo 323 de la Constitución y la Ley Orgánica de la Seguridad de la Nación, en ocasión de la controversia surgida por la Fiscalía General de la República y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha decidido:

  1. Ratificar que el Máximo Tribunal de la República en su Sala Constitucional es la sala competente para el control de la constitucionalidad de los actos emanados de cualquier órgano del Poder Público Nacional que colinden con la Carta Magna, así como la resolución de los conflictos entre poderes. 
  2. Exhortar al Tribunal Supremo de Justicia a revisar las decisiones 155 y 156 con el propósito de mantener la estabilidad institucional y el equilibrio de poderes, mediante los recursos contemplados en el ordenamiento jurídico venezolano. 
  3. Reiterar que los desequilibrios y conflictos entra las distintas ramas del Poder Público Nacional se encausan mediante los mecanismos de control constitucional y la colaboración entre los poderes, los cuales son expresión del dinamismo y la pluralidad de los estados constitucionales y democráticos. 
  4. Destacar los loables esfuerzos del Presidente de la República como jefe de Estado, en la búsqueda de soluciones para resolver, dentro del marco constitucional y mediante el diálogo constructivo, los conflictos entre los órganos del Poder Público Nacional en atención a la independencia, la división y la autonomía de sus distintas ramas. 
  5. Insistir en nuestra disposición al diálogo fecundo y exhortar a la oposición venezolana a incorporarse sin demora al diálogo nacional promovido por el jefe de Estado y acompañado por Unasur, el Papa Francisco y los expresidentes Martín Torrijos, Leonel Fernández y José Luis Rodríguez Zapatero. 
  6. Repudiar categóricamente cualquier intervención que atente contra la independencia, la soberanía, la integridad territorial y la autodeterminación. Los asuntos de los venezolanos deben ser resueltos exclusivamente por nosotros, sin injerencia ni intervención alguna y en respeto estricto a la jurisdicción interna del Estado venezolano.
La fortaleza del sistema democrático en Venezuela y de su robusto estado de derecho, no está discusión ni entredicho. Es muestra del Estado constitucional de derecho, de justicia social y paz, edificado en un país que ha hecho de la práctica de la democracia participativa y protagónica, el vehículo para la transformación de la sociedad y la búsqueda de la mayor suma de felicidad posible.

En palabras de nuestro Libertador: "Solo la democracia es susceptible de una absoluta libertad, libertad que define como el poder que tiene cada hombre de hacer cuanto no esté prohibido por la ley".
Simón Bolívar
Caracas , 1 de abril de 2017.


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Liliana Fasciani M.

Profesora de Filosofía del Derecho y de Teoría Política en la Universidad Católica Andrés Bello.

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